Noticia facilitada por El Economista.es
Faltan pocos días para que Hacienda abra el registro en el que se inscribirán los futuros beneficiarios de la aplicación del régimen de caja en el pago del IVA. Sin embargo, los principales representantes de los dos sectores para los que esa medida se concibió distan de mostrarse entusiasmados. No en vano lo más probable es que sólo el 3 por ciento de las pymes y autónomos que operan en los ámbitos de mayor peso económico se acoja a esta iniciativa, que permite no pagar el IVA de una factura hasta que ésta se haya cobrado.
Este enfriamiento de las ilusiones que el Gobierno se ha hecho con respecto a este pilar de su Ley de Emprendedores (pues estima que puede alcanzar a 1,3 millones de autónomos y un millón de pymes) constituye una de las conclusiones a las que llegaron ayer los expertos reunidos por elEconomista, bajo el patrocinio del Banco Sabadell, con el propósito de analizar esa norma.
En particular, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, puso de manifiesto lo limitado de un beneficio al que las pymes y los autónomos sólo podrán acceder «tras preguntar antes a los clientes a los que sirven como proveedores, generalmente grandes empresas, si están de acuerdo con que tomen esa decisión». En sectores como la construcción, el transporte o la hostelería lo más probable es que les pongan reparos.
Existe además otro posible daño colateral señalado por José Luis Ruiz Expósito, socio de Ernst & Young: «Es muy posible que empresas que trabajan con miles de proveedores acaben repercutiendo en sus facturas un nuevo coste, pues no sale gratis montar un sistema que discrimine quién se acoge al régimen de IVA de caja y quién no».
El problema lo causan las grandes empresas
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Es más, el verdadero problema lo plantean esas grandes compañías, según expone la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, en la medida en que «si ellas cumplieran con los plazos de pago, no sería necesario un nuevo régimen fiscal como éste».
Precisamente, si de algo pueden presumir los emprendedores es de que en ellos no está arraigado ese mal hábito de pagar mal, destaca Pedro Barato. El presidente de la Federación Española de Autónomos (CEAT) hizo esta apreciación no tanto con respecto al IVA de caja («no está siquiera en vigor; hay que darle tiempo para juzgarlo», aseveró), sino en relación al otro gran problema que acucia a pymes y autónomos: la falta de crédito. «Nosotros no hemos causado el problema de morosidad que arrastra la banca», resaltó.
Y le dio la razón el representante del sector financiero en el encuentro, Alberto Maté, quien dirige la red comercial en Madrid del Banco Sabadell. Ahora bien, a juicio de Maté, el problema del atascamiento de la financiación no es monopolio de una de las partes, pues «estamos ante una crisis psicológica que ha retraído a la sociedad». «Nos llegan peticiones de créditos de tan sólo 5.000 euros», aseguró.
El representante del Gobierno en el encuentro, el director general de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, Antonio Fernández-Martos, llamó también a mostrar apertura de miras a la hora de evaluar la Ley en su conjunto, dado que su propósito es «provocar un cambio de paradigma en el conjunto de la sociedad con respecto a los emprendedores y a su internacionalización». Por ello, hay que tomar la norma «como un punto de partida abierto a todas las aportaciones de los interesados». Y en el encuentro de ayer ya formularon una unánime: que el plazo para darse de alta en el régimen del IVA de caja no se cierre el 31 de diciembre y se prorrogue al 31 de marzo.